Finalmente, el Ejecutivo envió un proyecto para crear un régimen de fomento a las inversiones en Tucumán

Luego de las innumerables críticas que se sucedían ante los constantes beneficios tributarios que se efectuaban a determinadas empresas en la Provincia, lo que se conoce popularmente como "leyes con nombre y apellido", finalmente, el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura un proyecto clave con el objetivo de establecer un "Régimen de Promoción a la Inversión". La iniciativa busca "incentivar el desarrollo económico y la generación de empleo, mediante el otorgamiento de beneficios fiscales a las empresas nuevas y/o a las que efectúen ampliaciones, que realicen inversiones productivas y turísticas en el territorio de la Provincia de Tucumán".

El proyecto, que lleva la firma del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Economía, Daniel Abad, y que fuera un adelanto de Tendencia de Noticias, detalla una serie de beneficios y requisitos para las firmas que deseen invertir en la provincia, tales como:

• Exención en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos: se aplicará según una escala progresiva en función del monto de la inversión:

1. 25% para inversiones iguales o superiores a U$S 5.000.000 e inferiores a U$S 10.000.000.

2. 50% para inversiones iguales o superiores a U$S 10.000.000 e inferiores a U$S 20.000.000.

3. 75% para inversiones iguales o superiores a U$S 20.000.000 e inferiores a U$S 30.000.000.

4. 100% para inversiones iguales o que superen los U$S 30.000.000.

• Deducción en el Impuesto para la Salud Pública: Se permitirá la deducción de las remuneraciones correspondientes a los nuevos trabajadores directos que se incorporen como consecuencia de la inversión.

Requisitos

Para ser elegible para estos incentivos, las empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Realizar inversiones productivas y turísticas en la Provincia de Tucumán por un monto mínimo de U$S 5.000.000.

• Incorporar de manera sostenida nuevos puestos de trabajo directos asociados a la inversión, priorizando la mano de obra local. La proporción de esta mano de obra será establecida por la reglamentación.

• Conservar la cantidad de trabajadores registrados existente al momento de solicitar los beneficios, durante toda la vigencia de los mismos.

• Presentar un Proyecto de Inversión definitivo que deberá ser aprobado por la Autoridad de Aplicación.

• Acreditar el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias provinciales mediante un certificado de cumplimiento fiscal vigente.

  
  

El plazo máximo para ejecutar la inversión proyectada será de 12 meses contados a partir de la aprobación del Proyecto de Inversión, con posibilidad de prórroga mediante acto administrativo fundado por la Autoridad de Aplicación. La incorporación de los nuevos trabajadores directos podrá efectuarse desde el inicio de la inversión y hasta seis 6 meses después de su finalización, siendo el cumplimiento de esta condición verificado mediante las Declaraciones Juradas del Impuesto para la Salud Pública.

El proyecto sostiene que los beneficios otorgados tendrán una vigencia de 10 años desde la fecha de su concesión. Serán otorgados de manera escalonada, conforme a los montos efectivamente invertidos y certificados por la Autoridad de Aplicación, y comenzarán a regir a partir del anticipo impositivo correspondiente al mes de certificación de cada tramo de inversión.

El Ministerio de Economía y Producción de la Provincia será la Autoridad de Aplicación de esta Ley, encargado del "control, fiscalización y verificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones".

Es fundamental destacar que, "en caso de incumplimiento parcial o total de los requisitos establecidos en la presente Ley, quedarán sin efecto los beneficios otorgados". La Autoridad de Aplicación establecerá los procedimientos para el recupero de los beneficios que se hubieran percibido indebidamente. Finalmente, la iniciativa señala que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente Ley en un plazo de noventa 90 días a partir de su promulgación. El proyecto se encuentra bajo estudio de las comisiones de Economía y Producción y de Hacienda y Presupuesto.

Vale recordar que el Parlamento tucumano ya otorgó desde el año pasado este tipo de beneficios, pero de manera direccionada a empresas específicas, tales como Pepsi, Quilmes, Transportes Fríos del Norte, la citrícola Veracruz y la empresa de alimentos para animales Food Five Export S.A.